SE AVECINAN CAMBIOS

El Senado es una cámara de representación territorial y sus funciones principales son que el Estado armonice las leyes autonómicas además de tener la potestad exclusiva de autorizar al Gobierno a intervenir en las Comunidades Autónomas. En la actualidad, se ha hablado mucho de la reforma que se debe llevar a cabo en esta cámara y sobre el posicionamiento que los distintos portavoces de la Cámara Alta.

La vorágine territorial y los diversos estatutos de autonomías que está viviendo España últimamente ha llevado a plantearse un cambio necesario y consensuado para el buen funcionamiento del Senado. El Grupo Popular cuenta con 125 senadores y su portavoz Pío García Escudero afirma "que lo más importante es recuperar el consenso sobre nuestro modelo autonómico. De poco vale reformar el Senado para que contribuya más eficazmente al funcionamiento del Estado de las Autonomías, si no sabemos adónde se dirige éste". En contraposición se encuentra el portavoz del Grupo Socialista, Joan Lerma, que apoya está reforma ya "que se han desarrollado los estatutos y tienen competencias que es necesario coordinar".

En un punto igual de importante se encuentra la opinión de los grupos más nacionalistas, que quieren ver cumplidos sus propios intereses. Tanto el Estatuto de Cataluña como el del País Vasco son de los que más se habla por sus "exigencias" y por sus continúos ataques a la integridad de una España única. Inmaculada Loroño, portavoz de los Senadores Vascos, apunta que "el Senado debería ser una cámara decisiva y decisoria en legislación de contenido autonómico, en aquellas cuestiones que inciden directamente en el ejercicio de competencias que tiene atribuidas las comunidades autónomas y cómo no, en reformas y nuevos estatutos". A está declaración se le suma la del representante del Grupo Catalán que también apoya esta reforma haciendo hincapié en que en este momento el Senado carece "de mecanismos eficaces para la conformación de la participación de las comunidades en los asuntos del Estado".

Con esta iniciativa parece que cada partido político, como siempre, barre para casa. Los populares continúan su lucha por la no fragmentación de España, mientras que el gobierno socialista acuerda con las autonomías unos estatutos que reflejen sus "necesidades". En medio, los grupos nacionalistas, que buscan en esta reforma un total reconocimiento de sus intereses autonómicos.